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El Defensor del Pueblo critica cómo Cantabria perjudica a los pacientes que se niegan a ser intervenidos en centros concertados

SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo cuestiona que los pacientes de Cantabria que rechacen ser intervenidos quirúrgicamente en centros concertados y opten por esperar a hacerlo en uno público puedan ver perjudicado su orden de antigüedad.

Así se recoge en su informe correspondiente a 2023 a la vista de la medida comunicada por la Consejería de Sanidad –ahora Salud– de que los usuarios que rehúsen ser operados en un centro concertado dejan de formar parte de la lista de espera estructural y quedan a la espera de recibir atención en su centro de referencia, donde se prioriza a quienes permanecen incluidos en la mencionada lista, lo que, según el Defensor del Pueblo, “puede afectar al orden de antigüedad del paciente en espera”.

Por ello, la institución que dirige Ángel Gabilondo indicó a la Consejería –que hasta el cambio de Gobierno estuvo dirigida por el socialista Raúl Pesquera y ahora por el ‘popular’ César Pascual– “que debe tenerse en cuenta la antigüedad generada desde el momento de la indicación realizada por el facultativo”.

En el mismo informe, dado a conocer este viernes, también se hacen otras observaciones relacionadas con la atención sanitaria en la comunidad.

En ese sentido, en febrero de 2023, el Defesor del Pueblo pidió a la Consejería de Sanidad entonces dirigida por Pesquera, el refuerzo de la dotación de medicina de familia y pediatría en el centro de salud Santoña a fin de que pueda reducirse la presión asistencial que afecta a sus facultativos de medicina general y pediatría.

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Y ya en noviembre, una vez producido el cambio de Gobierno y con el popular César Pascual al frente de este departamento, recomendó que se garantizara que las personas desplazadas a la comunidad autónoma puedan participar en la campaña de vacunación contra la gripe “en las mismas condiciones que las personas residentes”.

También el Defensor del Pueblo inició una actuación general de carácter informativo a Cantabria y otras comunidades autónomas que no habían ampliado su programa de cribado neonatal a otras enfermedades metabólicas.

DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS DE LA ISLA DE SOLVAY

Por otra parte, el Defensor del Pueblo aborda en su informe la obligación de descontaminación de los suelos y la aplicación de las normas vigentes a través del análisis del caso de la isla Monti –también conocida como la Isla de Solvay–, frente al puerto de la localidad de Requejada, por donde discurre la ría de San Martín de la Arena, en la desembocadura del Saja, entre los municipios de Suances, Polanco y Miengo.

Se trata de unos terrenos que se utilizaron durante décadas para verter sustancias residuales de la actividad química industrial.

A través de esta actuación se dirigieron sugerencias al Gobierno cántabro para que estableciese las medidas obligatorias para proceder a la descontaminación y recuperación de los terrenos y considera que las conclusiones del caso son trasladables a otras actuaciones análogas.

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En este sentido, la institución ha recordado que a través de la aplicación de las reglas de Derecho Común, “cualquier actividad susceptible de causar molestias, daños o perjuicios era objeto de ponderación de sus efectos previsibles y determinación de las medidas correctoras”. Asimismo, defiende inventariar los suelos contaminados en todo el territorio y suministrar información pública sobre esta cuestión.

Considera también que la existencia de un hecho físico como es la contaminación con efectos medibles sobre la salud de las personas y el medio ambiente, “exige encontrar al responsable de la contaminación y exigirle la reparación”. “Si no descontamina quien lo hizo, la Administración puede ser, en última instancia, quien deba proceder a ello con cargo a los presupuestos públicos, lo cual no parece un reparto equitativo de cargas ni la solución buscada en principio por el ordenamiento jurídico”, ha advertido el Defensor del Pueblo.

Hace ya unos meses, ya trascendió que el Defensor del Pueblo había sugerido al Gobierno de Cantabria que iniciara y resolviera el procedimiento de declaración de suelos contaminados, de acuerdo con lo establecido en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

También le sugería que en la declaración de suelo contaminado estableciera las medidas necesarias para proceder a su descontaminación, con el fin de recuperarlo y situar la concentración de contaminantes en niveles de riesgo aceptables para la salud humana y el medioambiente, teniendo en cuenta el uso del suelo en el momento de producirse la contaminación.

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OTRAS CUESTIONES

Por otra parte, el informe del Defensor del Pueblo hace referencia a otras recomendaciones, como las realizadas a la Consejería de Educación y FP, ambas antes del cambio de Gobierno, y por tanto aún en la época de la regionalista Marina Lombó al frente de este departamento (ahora es consejero el ‘popular’ Sergio Silva).

El Defensor del Pueblo recomendaba a la Consejería que se establecieran los mecanismos necesarios para que el alumnado que no haya obtenido la credencial de homologación solicitada pueda acreditar las calificaciones obtenidas en los sistemas educativos extranjeros en todos los procedimientos de concurrencia competitiva en que la nota media sea un requisito, mérito o elemento de valoración, siendo determinada la calificación final conforme a los criterios de cálculo establecidos en una resolución de marzo de 2018 de la Secretaría de Estado de Educación.

Además, por otro lado, le recomendaba que “en aras de la seguridad jurídica, se enuncie con la suficiente claridad y concreción en la normativa autonómica y, en todo caso, en las convocatorias anuales de los procesos de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, y en los correspondientes modelos normalizados, la documentación acreditativa de la identidad exigida a los extranjeros que se hallan en España y solicitan el acceso a enseñanzas educativas”.


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